Se nacionaliza el Banco Central

25 de marzo de 1946

Por Juan Facundo Besson*

“La primera reforma fue la Financiera mediante la nacionalización del sistema bancario […] Ese fue el primer paso de la reforma económica que emprendimos: hacer argentino el dinero del país”.

Juan Domingo Perón

El edificio de San Martín 275, cuando aún era Banco Hipotecario.

Introducción

Al término de la Segunda Guerra Mundial diversos círculos políticos, económicos e intelectuales argentinos interpretaban que su culminación implicaba el riesgo de una crisis económica, una vez desaparecidas las condiciones extraordinarias que habían protegido la expansión de la industria. También en el ámbito militar se asociaba el retorno a la paz con el peligro de la recesión –como ocurrió después de la Primera Guerra Mundial– y el previsible incremento de la convulsión social. Si el Estado no intervenía, todas las industrias surgidas en la última década desaparecerían y con ello una gran cantidad de desocupados pondría en peligro la paz y la estabilidad social. Además, esta alternativa contaba con la ventaja de que los principales mecanismos para impulsarlas ya estaban en marcha.

Desde la perspectiva peronista se pronosticaba que la segunda posguerra sería un mundo inestable no muy diferente a la primera con predominio de economías cerradas, comercio bilateral y crisis políticas, y la probabilidad de caer en una tercera guerra mundial e interpretaba este escenario como una oportunidad para la consolidación de la industria nacional, retornar al pasado implicaba renunciar a ello.

Por otro lado, existía la certidumbre de que el modelo agroexportador, basado en el intercambio de productos manufacturados del exterior y productos primarios argentinos se había agotado como fórmula principal del crecimiento económico del país. La necesidad de proteger y aislar el mercado interno, haciendo de la demanda doméstica el motor de la economía nacional era considerada ahora como una cuestión de interés nacional. Sin embargo, la transformación del Estado en la Argentina, no sólo respondió a las razones impuestas por la situación económica del país. Había en el mundo de la época un clima de ideas que daba cuenta de la necesidad de que el Estado transformara sus funciones. Los efectos que sobre la economía mundial tuvieron la Primera Guerra Mundial, el desarrollo de un capitalismo en una etapa de gran concentración y las consecuencias de la gran depresión, pusieron sobre el tapete la necesidad de una intromisión del Estado en los asuntos antes dejados a la supuesta “natural regulación de los mercados”.

En el contexto narrado, el gobierno de la revolución de 1943 proclamó entre sus objetivos la transformación del Estado en una instancia de mediación y conciliación de sectores sociales, además de asignarle la tarea de promover las reformas económicas y sociales para adaptar a la Argentina a la posguerra. En este contexto impulsó en 1944 la creación del Consejo Nacional de Posguerra (CNP), con el propósito de elaborar las pautas que debían seguirse para asegurar un proceso de desarrollo sostenido afianzando la independencia política y económica de la nación. En síntesis, debía elaborarse un plan para ser cumplido una vez concluida la guerra, siendo el Estado el principal impulsor del mismo. Para ello, se hacía necesario disponer de los elementos idóneos para poder llevarlo a cabo.

 

El Banco Central previo de 1946

Las condiciones vigentes en la economía mundial antes de la crisis del 29 hacían innecesario -según el liberalismo- que los gobiernos participaran activamente en la dirección de la economía. Sin embargo, todo cambió en los años 30 y las autoridades debieron afrontar problemas económicos, políticos y sociales que requerían soluciones y respuestas nuevas. Surgió la necesidad inmediata de realizar una reforma de Estado, tanto en el plano fiscal y arancelario así como también en el monetario. Especialistas norteamericanos y británicos comenzaron a asesorar a los países del continente en esa dirección, como el proyecto que un conocido experto británico en materia fnanciera, Sir Otto Niemeyer, había realizado para Brasil o los elaborados por el estadounidense Kemmerer destinados a varios países andinos. La determinación de la cantidad de dinero, el control de la solidez bancaria, la política de redescuentos y el manejo de los títulos del gobierno eran funciones que debían, ahora, centralizarse en una institución única para evitar incoherencias en las políticas económicas. Hacia 1932, el gobierno argentino encomendó a Niemeyer, evaluar el régimen de organización bancaria y, asimismo, proponer los cambios necesarios para su mejor funcionamiento. Poco después, los especialistas presentaron un informe y un proyecto de creación de un banco de reserva y otro sobre el régimen bancario. Finalmente el gobierno, a instancias del ministro Pinedo, sancionó en marzo de 1935 un proyecto (ley 12.155) que incluía algunas variantes, más o menos importantes, a la propuesta de Niemeyer. Las leyes de 1935 crearon el Banco Central como un organismo supervisor del conjunto de bancos, cuya actuación quedaba sujeta a la autorización previa del Poder Ejecutivo y a la posterior fiscalización por el Banco Central. Según se expresaba en el mensaje del Poder Ejecutivo: “(…) son bien conocidas las deplorables consecuencias del funcionamiento de un instituto emisor que no haya gozado de un alto grado de independencia respecto a los directivos del tesoro público”. De manera que se conformó a la manera de una entidad mixta y con una serie de disposiciones, relativas al capital y al gobierno del Banco, tendientes a asegurar la independencia respecto del gobierno nacional. De acuerdo, al artículo tercero: …el Banco Central tenía por objeto: concentrar reservas suficientes para moderar las consecuencias de las fluctuaciones en las exportaciones y en las inversiones de capitales extranjeros sobre la moneda, el crédito y las actividades comerciales a fin de mantener el valor de la moneda. Regular la cantidad de crédito y de los medios de pago, adaptándolos al volumen de los negocios. Promover la liquidez y el buen funcionamiento del crédito bancario. Actuar como agente financiero y consejero del gobierno en las operaciones de crédito externo e interno y en la emisión y atención de los títulos públicos. (Además, se determinaba que) las reservas internacionales debían cubrir, al menos, el 25% de los billetes en circulación y obligaciones a la vista con el propósito de respaldar la moneda nacional, asegurar las transacciones con el exterior y limitar la capacidad de emisión. La carta orgánica del Banco Central fijaba con precisión que sus autoridades estaban facultadas para intervenir, por medio de una serie de instrumentos de política monetaria, sobre el volumen de los medios de pago. Se preveía, entonces, absorber el dinero adicional durante la fase ascendente mediante la colocación de títulos y recíprocamente, en la base descendente, cuando sale metálico del país -con efecto contractivo sobre los medios de pago-, se ayuda a la economía a esperar un momento más propicio inyectando fondos mediante el redescuento. En una estructura clásica como ésta, el volumen del crédito bancario y, por lo tanto, de los medios de pago, se encuentra determinado por la relación billetes-depósitos que el público desea mantener y a su vez, por la cuantía de reservas libres que los bancos decidan tener por encima de sus encajes legales. Por último, la ley 12.156 de Bancos fijaba el efectivo mínimo que debían guardar los bancos: 16% para depósitos a la vista y 8% para los depósitos a plazo, consecuentemente el nivel legal de los encajes no podía ser un instrumento de política monetaria.

Los planes y las ideas económicas del gobierno, que asumió en 1946, no eran compatibles con las pautas liberales con las cuales el Banco fue fundado. Según se consideraba, el esquema abierto situaba a la Argentina en una posición vulnerable respecto del comercio exterior. Surgió entonces, la opinión generalizada de independizar la economía de las fluctuaciones de la demanda mundial, y la idea de disminuir la influencia de los grupos financieros exteriores. La legislación de 1946 reflejaría una política económica diferente. El objetivo tradicional del Banco Central de 1935 consistía en “(…) la adaptación del medio circulante a las necesidad de los negocios” (Memoria Anual del BCRA, 1936). Ahora, la modificación de las leyes de los bancos oficiales y de la banca privada tendría como objetivo la compatibilización con la nueva estructura.

 

La reforma justicialista del sistema financiero

A partir de 1946, la política crediticia y monetaria se convirtió en una potente palanca de la economía peronista y en el sostén del desarrollo industrial. En este sentido, las instituciones bancarias sufrieron importantes modificaciones. Una medida clave fue la nacionalización del Banco Central convirtiéndose en un instrumento pleno de la acción del gobierno. La emisión de la moneda, la regulación del crédito y la fijación del tipo de cambio quedaron, de este modo, bajo la responsabilidad del Gobierno Nacional, cuyo objetivo era lograr un mayor desarrollo económico, manteniendo la ocupación industrial.

Con esta reforma, la política monetaria y crediticia se convertiría en una potente palanca para intensificar racionalmente la capacidad productiva de la nación, y para orientar y planificar la economía garantizando la estabilidad, el nivel de vida y el pleno empleo.[…] El Banco Central […] estará en condiciones […] de colaborar en Forma directa en la evolución y desarrollo de las actividades productivas que se encuentran arraigadas […] podrá hacer efectiva su Función de Fomento y estímulo económico encauzando los recursos del crédito hacia aquellos proyectos o iniciativas […] que tiendan a perfeccionar, expandir o diversificar su economía […] (Memoria Anual del BCRA, 1946: 32). La reforma bancaria, se inicia con la nacionalización del Banco Central, dispuesta según el decreto ley 8.503 -ratificado por la ley 12.962 y publicado en Boletín Ofcial el 5 de abril de 1946- atribuyéndole el carácter de entidad autárquica nacional. Se transforma, de esta manera, de banco mixto en estatal. Todos los miembros del directorio son ahora nombrados por el Poder Ejecutivo, haciendo evidente la subordinación de la política crediticia a la estrategia general del gobierno. En la composición del directorio estaban representados el Banco Nación, el Banco Hipotecario Nacional, la Caja Nacional de Ahorro Postal, el Banco de Crédito Industrial, los Ministerios de Hacienda, Agricultura y Obras Públicas y las Secretarías de Industria y Comercio y de Trabajo y Previsión. A partir de este decreto se adoptaron una serie de disposiciones enmarcadas en el decreto ley 11.554, que legisla sobre redescuentos y depósitos bancarios. De acuerdo al Artículo1º: […] los establecimientos bancarios procederán a registrar a nombre del Banco Central de la República Argentina […] los referidos depósitos, mediante los pertinentes asientos de contabilidad, así como los movimientos que por cancelaciones, retiros, transferencias o nuevos ingresos se produzcan en las respectivas cuentas. A tal efecto se confiere a los bancos mandato legal para actuar como agentes directos del Banco Central de la República Argentina, con las responsabilidades y deberes propios de ese carácter. Se estableció además la garantía del Estado sobre todos los depósitos efectuados, tanto en bancos oficiales como privados y un sistema con encajes de esta medida no fue estrictamente dispuesta durante el gobierno de Perón, sino que a instancias de éste –que había ganado las elecciones presidenciales de 1946– lo dispuso el presidente de facto E. Farrel.

Con respecto a los depósitos que hacía imposible alterar el total de medios de pago, al contrario de lo que ocurría con el sistema ortodoxo basado en reservas fraccionarias. Con la nacionalización, el Banco Central se convirtió en un instrumento pleno de la acción del gobierno, orientada a canalizar los préstamos hacia la industria y la minería, las actividades agrarias y comerciales, la construcción de viviendas y el consumo doméstico mediante los bancos especializados.

El Estado tomaba bajo su control directo la creación de todo el dinero no sólo la de los billetes. La cantidad de dinero ya no estaría vinculada a las reservas internacionales ni tampoco a los depósitos del público. Lo importante eran las autorizaciones que el Banco Central otorgaba a las instituciones financieras para que éstas inyectaran dinero en la economía, mediante la concesión de préstamos, convirtiéndose en meras intermediarias que trabajaban a comisión. No tenían capacidad de decidir a quién beneficiar con los créditos ni qué tasas cobrar, eran Facultades exclusivas del Banco Central que reflejaban las prioridades oficiales. Al respecto, Perón se preguntaba en 1947:¿Qué era el Banco Central? Un organismo al servicio absoluto de los intereses de la banca particular e internacional […]. En nombre de teorías extranjeras desoía los justos reclamos en favor de una mayor industrialización, que era la base de la independencia del país […]. Por eso, su nacionalización ha sido, sin lugar a dudas, la medida financiera más trascendental de estos últimos cincuenta años.

 

Conclusiones

Hoy la Argentina se encuentra a merced de los designios de la oligarquía financiera mundial. Nuestro Banco Central, al igual que toda nuestra ingeniería financiera local esta comandada por los agentes de entidades financieras privadas que tienen asiento en los países centrales y por el FMI. A lo que se adiciona un andamiaje jurídico o nuevo estatuto legal del coloniaje con el Ley de Entidades Financieras, heredada de la última Dictadura Corporativa-Militar y que ningún gobierno “democrático” quizo tocar una coma, desde 1983 a la fecha, a pesar de que había muchos proyectos en carpeta.

Desatada la ola neoliberal en 1976, con Martinez de Hoz comienza un proceso donde se tenderá a privilegiar las empresas frente a los derechos colectivos (y la calidad de vida) de la fuerza de trabajo. Esta nueva versión del capitalismo global va a favorecer la integralidad del sistema financiero y la solvencia de las instituciones sobre el bienestar de la población y la calidad medioambiental.

Una generalizada y progresiva redistribución regresiva del salario de los trabajadores, pérdida de derechos laborales y de fuentes de trabajo se contrapone a lo los ingresos de los Directores ejecutivos de las grandes entidades financieras mundiales.

De esta experiencia emerge como actor crucial la oligarquía financiera global, siendo el Fondo Monetario Internacional así como el Banco Mundial sus dos principales instituciones para presionar e intervenir en favor de sus intereses.

En las reuniones anuales del Grupo Bildelberg se discute la estrategia, con mucho secretismo y poca filtración de lo tratado. Por su parte en el  Foros de Davos se evidencia la influencia a escala mundial. 

A los antes mencionados, se le agrega el rol de la Reserva Federal estadounidense, la cual esta integrada por miembros de las principales bancas financieras privadas y la La Unión Europea (Comisión europea más Banco Europeo: parte de la Troika con el FMI) la cual está dirigida por “expertos” al servicio de las corporaciones financieras.

La oligarquía financiera mundial -las personas con nombre y apellido que conducen las entidades y capitales financieros- no descansa en la construcción de andamiajes jurídicos a nivel internacional (CIADI, por citar un ejemplo) para defender sus intereses contra los Estados que reclamen contra sus empresas, y se entrelaza con fuerzas sociales al interior de cada país para impedir que sectores sociales no neoliberales tengan suficiente capacidad para construir otro tipo de Estado que no sea el Neoliberal, que pueda crear o transformar las instituciones existentes, ni que tome decisiones contrarias a los intereses de las corporaciones financieras.

Podemos concluir afirmando que la oligarquía financiera global, se configura como un actor principal en el siglo XXIque busca imponer sus reglas de juego e intereses a nivel mundial, vulnerando en efecto la soberanía de los pueblos y la autonomía relativa de los Estados, conduciendo a éstos a una encrucijada (no por esto, se cree que el imperialismo norteamericano ha dejado de existir o ha disminuido por completo su influencia mundial).

Ver: Entrevista a Marcelo Gullo: Oligarquía Financiera Internacional vs Estados-Nación Soberanos  https://www.youtube.com/watch?v=Koi-eWovQQs

 

Fuentes

https://cenack.com/siglo-la-oligarquia-financiera-global/

https://docplayer.es/95492351-La-nacionalizacion-del-banco-central-de-la-republica-argentina-1946-una-interpretacion.html

 

*Abogado (FDER-UNR). Coordinador del grupo de estudios e investigaciones “Arturo Sampay” (FDER – UNR). Miembro de la Cátedra Libre “Juan Domingo Perón” (FCPOLIT – UNR)

 

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